El dinero que se debe

El 2008 cerró con enormes deudas para el sector Educación. ¿A quién no le deben?, valdría la pena preguntar y la respuesta es: a casi todos. Tienen deudas con docentes contratados desde el 2004 hasta el 2008, no se han pagado las décimas, licencias por maternidad y enfermedad, tampoco se les ha cancelado productividad a los trabajadores de la sede de Educación ni mucho menos se está cancelando por estudios de maestría y doctorado, etc. La deuda también incluye el no pago de los servicios de agua y luz en todos los colegios públicos de la región Piura.

Se dice que la deuda es de ocho millones, pero la realidad es otra. La cifra es mucho mayor. Los afectados pasan las ocho mil personas en las diferentes áreas. Y con estas cifras en rojo la pregunta que todos se hacen es ¿Piura puede hablar de calidad educativa?, ¿Es realmente importante la educación para las autoridades de esta región? ¿Es verdad lo que afirman los ministros que su prioridad es educación y la salud en todo el país? Definitivamente no.

Pasan los años y no se logra ordenar el sector ni mucho menos pagar todas las deudas. Por el contrario se acumulan y se generan más deudas. Lo extraño del caso es que las autoridades dejan pasar eso, no lo colocan como un tema prioritario y adoptan medidas tardías que casi nunca dan resultado. Hasta hace uno o dos años la Defensoría del Pueblo tomó cartas en el asunto para conocer qué cosa era lo que ocurría, por qué no se pagaba a tiempo, quiénes eran los responsables, pero de allí hacia delante se ha repetido la historia.

La indolencia con la que se tratan y se afrontan estos temas preocupa. Sorprende mucho ver a un director de Educación tomarse las cosas con calma, decir que ya se paga y nunca paga. Indigna escuchar a un presidente regional repetir a cada instante un: “No se paga porque el Ministerio de Economía no envía el dinero, culpa nuestra no es”.

Llama más la atención escuchar en conferencia de prensa al gerente general del Gobierno Regional considerar el retraso de los pagos a los docentes como “una falta administrativa” e indignarse cuando los afectados los acusan de robo. “Robo no es, es una falta administrativa”, repite el gerente. Y preocupa que esta falta administrativa o robo o engaño o como lo quieran llamar nunca tenga responsables ni administrativamente ni nada.

Transcurre enero y nuevas deudas han salido a la luz. Ahora no son los profesores ni los directores de colegios los que reclaman pago, ahora son los propios trabajadores de la sede de Educación los que exigen el pago de algo que ya ganaron judicialmente. Qué puede ocurrir en los próximos días. La historia nos dice que puede aprobarse el ya famoso Decreto de Urgencia autorizando el uso del Canon para el pago de los docentes y que, como ese dinero no alcanzará para todos, se pague a los que tienen la sartén por el mango, es decir a los que tienen sentencia judicial, a los que elaboran las planillas y disponen el pago y nuevamente se quede un sector importante de profesores sin cobrar.

Para lo que pueda ocurrir, aún no hay estrategia ni medidas, ni acciones. Se espera, como todos los años, que pase el tiempo, que la gente se olvide, se canse de gritar y se sigue “pateando la deuda” para el mes siguiente, para el año siguiente, afectando no sólo a la educación, su calidad también a miles de familias que esperan que la historia del “perro del muerto” deje de ser una práctica no sancionada en el sector público.