S. Ojeda La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en compañía de Fedepaz, presentó fotografías sobre las agresiones que sufrieron los comuneros en el 2005, cuando marcharon hacia el campamento de la Minera Majaz.

Después de tres años de ocurridas las agresiones contra comuneros que marcharon el pasado agosto de 2005,
hacia el campamento minero Majaz, ayer se dieron a
conocer fotografías sobre los comuneros amordazados y golpeados. Los documentos se adjuntarán a la denuncia que los comuneros presentaron ante la fiscalía en junio del año pasado.

La presentación de las fotografías estuvo a cargo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en compañía de Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz).
Se explicó que las fotografías se presentan tres años después de ocurridos los hechos, porque es producto de una investigación y que estas fotografías les llegaron hace una semana en forma anónima.
El periodista Julio Vásquez, de Radio Cutivalú, uno de los agredidos, señaló a los efectivos de la Dinoes de la Policía Nacional, de haberlos agredido y torturado física y psicológicamente acusándolos de terroristas por haber marchado hasta las instalaciones del campamento minero, en protesta por la actividad minera en la zona.
Vásquez quien acompañó a los comuneros como periodista, narró lo acontecido el 1 y 2 de agosto de 2005, cuando la policía lo detuvo junto a 27 comuneros, les quitaron la ropa y los dejaron sin zapatos.

Vejámenes
Todo lo requisado a los comuneros también aparece en las fotos como ponchos, fideos, tortillas, pequeños maletines, etc.
En las fotografías mostradas aparecen los comuneros maniatados, y en otras, con sacos de polietileno que les cubre el rostro. Vásquez sostuvo que estos sacos contenían restos de polvo lacrimógeno que al colocárselos los asfixiaba y cuando ya pasaba el efecto, les colocaban más polvo lacrimógeno.
Recordó que en esa marcha murió el comunero Melanio García, por un impacto de bala pero hasta el momento no se han esclarecido los hechos. En una fotografía se le ve una herida profunda en el cuello.
Otra fotografía muestra a dos policías enseñando prendas íntimas de mujer, una de ellas con manchas de sangre.
Vásquez indicó que el 2 de agosto llegó un nuevo contingente policial con efectivos de Piura y Chiclayo, quienes se dieron cuenta del exceso con que fueron tratados y ordenaron descubrirles el rostro y se vistan para soportar el frío de la zona.

A investigar
La representante de Fedepaz, Rosa Quedena, destacó la importancia de las fotografías porque demuestra que en aquella ocasión, los comuneros hicieron una marcha pacífica que llevaban su fiambre y no armas. Y buscaban propiciar el diálogo respecto a la presencia ilegal de Minera Majaz. Además que la Policía Nacional, cuya responsabilidad es garantizar los derechos de los ciudadanos frente a un conflicto social, hizo uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza, frente a los comuneros desarmados.
Quedena sostuvo que en segundo lugar confirma el secuestro agravado de 28 comuneros, los que fueron retenidos en el campamento de la minera Majaz, en lugar de ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Asimismo, indica que las mujeres fueron sometidas a actos contra el pudor.
Advirtió que no se trata de algo nuevo, sino de pruebas obtenidas hace poco que corroboran lo que se denunció en su momento.
Precisó que la denuncia por violación contra los derechos humanos a través de la tortura contra los comuneros, se hizo recién en junio del año pasado, porque tenían que reunir las pruebas que la corroboren.
Esta denuncia alcanza a los directivos de Majaz, porque los hechos ocurrieron en el campamento de su propiedad y se ha oficiado a la Policía Nacional para que indique qué personal de la Dinoes, participó en los acotecimientos.
Ante la fiscalía, se denunció al fiscal Félix Toledo Leyva por inconducta funcional porque en lugar de garantizar los derechos de los comuneros, con su presencia avaló los vejámenes contra los comuneros.
Además dijo que es importante luchar contra la impunidad, “pueden pasar muchos años, pero los delitos de lesa humanidad no prescriben”.

Majaz
Intentamos comunicarnos con la minera Majaz, con representantes de su oficina en Huancabamba, a través del número RPM #688029, para obtener una versión sobre las imputaciones vertidas en la conferencia de prensa de la Coordinadora, pero quien respondió fue un encargado de vigilancia, quien señaló que la persona encargada de dicho teléfono ya no trabaja en Majaz; asimismo indicó que no podía proporcionar teléfonos de ningún otro funcionario.