Copia de la Guía de Circulación emitida por la Dicsamec, por la cual, el Ing. residente de la carretera El Faique-Huarmaca, retira tres toneladas y media de explosivos en vehículo que no es propiedad del Gobierno Regional.

El controlador de los explosivos adquiridos para la rehabilitación de la carretera El Faique- Huarmaca, Manuel Barranzuela, incluido como responsable en la desaparición de éstos por la Comisión que Investigación, expresó no tener responsabilidad en la desaparición de ese material y, por el contrario, señaló que fue él quien denunció el hecho ante el Ministerio Público para que se identifique a los responsables.
Barranzuela es señalado por la Comisión que se encargó de investigar el hecho, como uno de los responsables de la desaparición del material explosivo, al ser parte del personal vinculado directamente en la custodia, transporte y almacenamiento de material explosivo.
Según el Informe final N° 001-2009 entregado el 2 de diciembre de 2009, la Comisión Investigadora integrada por los ingenieros James Coronado Torres, Víctor Boyer Oyola y el abogado Hernaldo Farfán Urriola, identificaron a 13 personas como responsables directos e indirectos en la pérdida de material explosivo.
Para ellos, la comisión recomienda a la Presidencia Regional “disponer la apertura de procesos administrativos por incumplimiento de sus funciones” y agrega “todos son servidores públicos, independientemente de la modalidad de contratación”.
Para la comisión, la desaparición del material se dio por “falta de controles internos de trabajo en la obra ejecutada por administración directa”.
En su defensa, Barranzuela informó que él empezó a trabajar desde noviembre de 2007 hasta el 20 de octubre de 2008 en que fue relevado del cargo de controlador de material explosivo, por el director de Obras, Roger Príncipe, y la desaparición del material explosivo ocurrió en enero de 2009.
Además, el 21 de octubre presentó un informe en el que adjuntaba un acta de saldo de explosivos y precisaba la cantidad de explosivos que quedaba en los almacenes respectivos.
Luego en abril de 2009, la Dirección General de Construcciones de la Gerencia de Infraestructura lo designa como parte de una comisión para verificar el stock de material explosivo en el depósito de la Comisaría de Canchaque y de Góngora (Polvorín del Ejército ubicado en el Km 14 carretera a Paita), donde constató una falta de 3 toneladas y media de explosivos.
En el informe se precisa que el ingeniero residente de apellido Ubillús hizo dos retiros de material de Pampas de Góngora el 17 de diciembre de 2008 y el 16 de enero de 2009. El segundo retiro ya no debió hacerse, pues los trabajos de explosivos concluyeron el 14 de enero de 2009. Ambos con destino a la zona de la obra (El Faique), cuando quedaban saldos en el depósito de Canchaque.
Este retiro de explosivos se verifica con las respectivas guías de circulación de explosivos emitidos por la Dicscamec.
La comisión verifica que, en diciembre, el transporte del explosivo se hizo en la camioneta Toyota de placa de rodaje PQC-981 de propiedad de constructora Rodema. Mientras que el segundo retiro se hizo en un camión particular Hyundai de placa de rodaje WB-6830. Esto cuando el retiro de material debe realizarse en unidades del Gobierno Regional.
Sin embargo, a Barranzuela se le señala como responsable del retiro de explosivos y de haberlos vendido a la empresa Graña y Montero, que estaba realizando una obra en Paita.
Por ello, cuestionó que la comisión investigadora, en lugar de citarlo para que presente sus descargos, sólo le envió un requerimiento de preguntas por escrito y tuvo que responder de esa misma forma, cuando los miembros de la comisión conocen que trabaja en el Área de Personal de la sede regional.
Barranzuela pidió una ampliación del trabajo de dicha comisión para que pueda presentar sus descargos en forma personal y directa, donde pueda dar las explicaciones del caso y presentar toda la documentación con la que cuenta.

Ante Fiscalía
Sostiene que pese a que informó en abril de 2009 de esa desaparición de material explosivo, los funcionarios correspondientes ni hicieron nada y recién tomaron acciones en julio de ese año, por lo que decidió presentar la denuncia respectiva ante el Ministerio Público.
Se sospecha que el explosivo era sustraído para venderlo a otras empresas constructoras. Por ello, Barranzuela considera que con la investigación que realice la Fiscalía se va a determinar responsabilidades.